Adiós al primer semestre

Y da la sensación de que fue uno de los más agobiantes para la sociedad, desde el punto de vista económico. La inflación no dio respiro. Y es posible que la primera mitad de este ajustado 2016 termine en torno del 27%, de acuerdo con las mediciones que suelen realizar los bloques opositores en el Congreso de la Nación.

La nafta subió en torno del 30%; los servicios públicos privatizados en una banda que va del 38% al 400%. El salario, mediante las paritarias que se van cerrando, logrará para el próximo año un incremento de entre un 30% y un 35%, acorde con la inflación proyectada por el propio Gobierno para el cierre del año.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ha decidido poner la barrera alta con su dato de mayo: un aumento del 4,2% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el presente, ese resultado aparece socialmente creíble, tomando en cuenta lo que se hacía durante la anterior gestión: ignorar la evolución de los precios o, en según cómo se mire, dibujarla para que no aparezca como un fantasma.

Hacia el futuro, el dato del Indec es considerado promisorio para la gestión del presidente Mauricio Macri; particularmente si es que el IPC termina desacelerándose por debajo del 1%, como se estima en la Casa Rosada. Imagínese un anuncio de inflación en tiempos electorales, con la comparación interanual respectiva y que describa el cambio de escenario.

Es un hecho de la realidad económica que bien puede ser explotado política y electoralmente. Conjeturas. Nada más; nada menos. Las estadísticas tienen estas cosas. Pero todavía, para este semestre que arrancará el viernes queda un dato sensible que, posiblemente, se difunda oficialmente hacia fines de septiembre: la pobreza.

En la década pasada, ese indicador ha sido, en cierta medida, artificialmente reducido, como también el desempleo, a través de subsidios sociales. No hay sido una mala política, pero sí el uso político que se ha dado a esos programas. Será por eso que la última tasa oficialmente difundida ha sido cercana al 5%, como lo expusiera la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lejos de la Argentina, lejos de la realidad de un país que tiene una tasa muy superior a esa medición.

Según la Universidad Católica Argentina (UCA), hasta marzo pasado, el 32,6% de los argentinos vive en situación de pobreza, es decir, cinco puntos porcentuales más que el año pasado. Ni la anterior ni la actual gestión pueden sacar los pies del plato frente a un flagelo que ha seguido creciendo. Es poco factible que haya pobreza cero en el mediano plazo.

Se requiere, indefectiblemente, de políticas económicas que tiendan al crecimiento, pero con inclusión social; no como eslogan de campaña, sino con planes concretos. “El sistema económico argentino presenta una serie de históricas barreras estructurales y socioculturales que operan como freno al crecimiento con inclusión social”, advirtió en su momento Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

El incremento directo y sin anestesia -no progresivo- de las tarifas no ha contribuido a solucionar ese problema. La tarifa social, en cierta medida, significa un alivio para la franja de habitantes más golpeados por la economía, pero esa sensación no deja de ser coyuntural.

Una política económica requiere, en principio, de tres elementos esenciales para que se desarrolle armónicamente y sea sustentable en el tiempo:

• Un escenario que sirva para la producción de bienes y servicios, de tal manera que frente a mayor oferta, los precios tiendan a bajar. Esto hace no sólo al aumento del Producto Bruto Interno (PBI), sino también al bienestar de la sociedad.

• La estabilidad de precios es la base de todo programa económico. Por un lado, permite a los generadores de riqueza sostener el nivel de costos de producción y hacer sustentable el negocio. Por el lado del consumidor, también le brinda cierta estabilidad para que el poder adquisitivo de su ingreso no siga cayendo y pueda evitar -definitivamente- la inflación.

• La llegada de inversiones contribuye también a mejorar el clima económico. Esto, indudablemente, impacta en el nivel de empleo. A mayor inversión, más generación de puestos laborales, es la ecuación de un escenario con estas características. Pero para que ello ocurra, es fundamental que el Estado no modifique las reglas de juego y que reduzca la presión fiscal.

Eso son los tres pilares que deben consolidarse en el segundo semestre. Los resultados dirán, por sí, si las recetas seguidas fueron las apropiadas. No se trata ni de trabajo sucio, ni de soluciones mágicas. La senda del crecimiento no se pavimentará de la noche a la mañana. Requiere de tiempo, tanto para los anuncios como para las concreciones. 2017 puede ser un año bisagra para la economía; también para la política que volverá a ofrecer sus candidatos en las urnas. La cuestión es que si la oferta electoral convencerá a la demanda ciudadana sobre qué rumbo es necesario darle a un país que viene golpeado por esas grietas que no terminan de cerrarse.


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Textos de Marcelo Aguaysol, La Gaceta

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