Durante los últimos cuatro años, en un caso de altísima repercusión pública, la Justicia argentina actuó exactamente como debe. Fue un hecho extraño e inesperado y, tal vez por eso, porque desarmó todo tipo de prejuicios y lugares comunes, no ha sido suficientemente destacado.
Para que esto ocurriera, coincidieron los siguientes elementos: el juicio se realizó en un tiempo razonable, no fueron condenados solamente los políticos sospechados de corrupción sino también sus socios empresarios, y, además, con la única excepción del anuncio de las sentencias, todo el proceso se realizó mientras el Gobierno al que pertenecieron los funcionarios todavía estaba en el poder. No hubo ninguna sobreactuación ni ningún apuro por poner a nadie preso. De hecho, pese a las condenas, todos los acusados están libres esperando la sentencia definitiva.
Sin embargo, los principales damnificados por el hecho juzgado, papás de chicos muertos entre ellos, están conformes con el proceso: creen que, por una vez, no hubo impunidad ni mentiras. Eso ocurrió en el juicio por la tragedia de Once y, tal vez, ese ejemplo sirva para analizar lo que está sucediendo en estos días.
Durante las últimas semanas, desde la detención del ex secretario de Obras Públicas José Lopez, en las increíbles condiciones en las que se produjo, no pasa un día sin que llueva media docena de procesamientos. Así, se despiertan causas dormidas como Sueños Compartidos, o se avanza con la citación a medio centenar de involucrados en el reparto de subsidios para filmar cine argentino, o un juez súbitamente descubre que López no puede demostrar de dónde salió el dinero para justificar su nivel de vida, o una jueza emite media docena de procesamientos por el desvío de subsidios por el Fútbol para Todos.
El contraste entre semejante actividad y el silencio de todos estos años ha generado todo tipo de reacciones. Elisa Carrió sostuvo que la Justicia encubrió la corrupción durante doce años. Margarita Stolbizer argumentó en el mismo sentido. El periodista Roberto García recordó además que, en los comienzos de los gobiernos de Carlos Menem y de Néstor Kirchner ambos se comprometieron a no ceder en la lucha contra la corrupción y las cosas terminaron como terminaron.
Los avances de la Justicia, en estos días, generan sensaciones encontradas. Por un lado, empiezan a caer algunos peces gordos de un gobierno que practicó, como mínimo en su cúpula, una corrupción obscena y evidente. Eso genera un natural alivio y esperanza entre quienes están hastiados por todo lo que ocurrió. Pero, por otro, los tiempos de la Justicia, y sus omisiones, habilitan al menos a preguntarse si no se estará produciendo otro engaño, o sembrando los gérmenes de otra frustración.
Los tres principios de la causa de Once no se están cumpliendo: la mayoría de los procesados o detenidos pertenecen al gobierno anterior, no son siquiera citados a declarar los socios empresarios o financieros, y mucho menos si estos rozan, aunque sea mínimamente, al gobierno actual. Además, a diferencia de Once, las causas llevan larguísimos años en Tribunales, pese a que su complejidad es infinitamente menor.
Para entender esto, vale formular algunas preguntas incómodas.
Si el auto de procesamiento contra Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández en la causa de Fútbol para Todos es por una maniobra que involucró a dirigentes de fútbol y financistas, ¿por qué la medida solo incluye a funcionarios? Es una pregunta pertinente porque en las investigaciones periodísticas más serias, entre los partícipes se señala al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.
Si Julio de Vido y José López están sospechados por el otorgamientos de obra pública a cambio de sobornos, ¿no hay ningún fiscal que analice un muestreo abierto de las que concedieron para evaluar si sus costos fueron razonables o exagerados y llame a dar explicaciones a quienes participaron de los hechos a uno y otro lado del mostrador? ¿O solo Lázaro Baez pagaba retornos y lavaba dinero? ¿A nadie se le ocurre iniciar, aunque sea con la moderación y la responsabilidad del caso, un proceso como el brasileño?
Y, si no es así, ¿cuán sólido quedará en el tiempo un fenómeno demasiado oportuno que, como mucho, solo refleja la mitad de la verdad? Sería una frustración para quienes, durante estos últimos años, pelearon tanto para que se supiera la verdad y contribuyeron a convencer de lo que ocurría a una sociedad que, poco tiempo antes, había votado masivamente por las personas que ahora están arrinconadas.
En su libro ‘La conspiración de la fortuna’, el mexicano Héctor Aguilar Camín escribió: "Cada cierto tiempo, después de una revuelta fallida, de un motín o de un cambio de Gobierno, el país y sus gobernantes sentían la necesidad de quemar un puñado de infidentes en la hoguera de la indignación pública. Los dueños del poder daban así una prueba de rigor contra el abuso, con bajo costo para ellos y alto para sus rivales".
Para que ello no sea así, y que todo termine, otra vez, muy mal, el presidente Mauricio Macri debería tal vez producir algunos gestos claros que despejen su posición al respecto. ¿Es solo un político pícaro beneficiándose de los procesos judiciales en contra de sus enemigos o alguien que realmente está comprometido en la lucha contra la corrupción?
Por eso, es raro que no tome medidas cuando funcionarios de alto nivel de su Gobierno defienden su derecho a mantener su plata en el exterior, o no establezca criterios claros y de sentido común frente a evidentes incompatibilidades o no se preocupe por explicar por qué anunció que su patrimonio sería entregado a un fideicomiso ciego cuando no ocurrió eso con la mitad de este, o no explique públicamente, con mucha claridad, porqué su Gobierno acaba de publicar un decreto por el cual le concede $ 45.000 millones a una obra de su primo Angelo Calcaterra.
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por Ernesto Tenembuam, El Cronista
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