Podría decirse que la oposición parlamentaria cayó en su propia trampa. En su afán de limitar las atribuciones presupuestarias del Ejecutivo, terminó alistando el terreno para convalidar todo lo que éste hizo en esa materia: si no hay nueva Ley de Leyes sancionada antes del 31 de diciembre, se prorroga automáticamente la de este año y sus modificatorias, sólo con algunos retoques cosméticos. Así lo prevé la Ley de Administración Financiera y lo estimó el oficialismo, desde que sus contrincantes en el Congreso mostraron vocación de forzar cambios.La fracasada sesión en Diputados habilitó la inmediata tarea de los técnicos oficiales, que deberían ocuparse del pulido: recalcular las partidas para deuda pública o eliminar los gastos que se ejecutan por única vez, por ejemplo. Por lo demás, queda en pie la ley presupuestaria vigente para este ejercicio, sumados los retoques que el Gobierno dispuso de hecho y convalidará antes o después con DNU.
Una reforma de enero del 2003, introducida a pedido de Eduardo Duhalde, refuerza esas facultades para repartir fondos sin pasar por el Congreso. En el único Presupuesto nacional que tuvo a su cargo redactar, el artículo 56 introdujo un párrafo en la Ley de Administración Financiera que faculta a la Jefatura de Gabinete a “incorporar las partidas presupuestarias ejecutadas durante el período en que haya regido la prórroga”. En otros términos, no se utilizaría el Presupuesto 2010 votado en el Congreso sino el resultante de las ampliaciones dispuestas por Aníbal Fernández en los últimos meses.
Según el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera, el Ejecutivo podrá, entre otras prerrogativas, “incluir los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda”. También agregar “los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución”. Es decir, la prórroga no impediría que Economía salga a pedir dinero prestado a los mercados voluntarios de deuda ni que afronte vencimientos con recursos adicionales que aparezcan.
El uso de reservas del Banco Central para esos pagos, uno de los puntos más controvertidos del proyecto oficial, quedaría en una zona gris abierta a interpretaciones.
El escenario se emparenta con el que se generó en el Senado. No prosperó la iniciativa opositora para acotar al máximo las atribuciones administrativas del Gobierno, pero tampoco vio la luz la que ponía un tope a la potestad oficial, limitando la posibilidad de invertir sin permiso legislativo hasta el 5% de los ingresos totales.
Pero lo que frustra la oposición quizás no sea esencialmente malo.
Implementar o no una subvención, ajustar o no jubilaciones o salarios estatales, subsidiar y en qué medida un servicio público, son trazos de la política que define quien ocupa la Casa Rosada para ese tránsito en el poder, en este caso, legitimado por el voto popular. El contralor parlamentario, y la discusión de decisiones puntuales, nunca puede comprometer el ejercicio de esa natural soberanía.
Nos vemos, buen domingo.
Fuente: BAE
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