Amado Boudou defenderá el jueves el Presupuesto 2011 y resuenan todos los tambores en la banda opositora, por la intención de incluir cambios en las asignaciones y fuentes de recursos, además de que critican los parámetros que toma el Poder Ejecutivo para hacer las proyecciones anuales. .Quizás pueda considerarse un avatar menor frente al duro desafío de defender su honra cuando se conoció su affaire con Mónica Lewinsky. Lo cierto es que el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton también tuvo que sortear el estrés de tener oficinas públicas cerradas al comienzo de un ejercicio fiscal, porque el Parlamento no le aprobó el Presupuesto. Pero para tranquilidad de la Casa Rosada, esa situación extrema nunca se vivirá en estas latitudes.
En el presunto caso de que, por la falta de acuerdo con la oposición, se llegara al 31 de diciembre sin la sanción del proyecto de ley del presupuesto 2011 que el Ejecutivo se dispone a enviar al Congreso, la ley habilita una prórroga automática del vigente, con todos los ajustes que se hayan hecho durante el año. Ni lo uno ni lo otro es un dato menor.
El artículo 27 de la Ley de Administración Financiera contempla específicamente esa instancia y ordena que, de apelarse a esa prórroga, la versión extendida del Presupuesto (en este caso del año 2010) “incluirá los créditos indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios”; y adaptará los objetivos (…) “a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores”. Naturalmente que la versión remozada requiere cierta depuración cosmética, como la eliminación de gastos que se hicieron por única vez o la previsión de los fondos para honrar la deuda pública.
Pero, básicamente, no sólo mantiene lo que previó el Ejecutivo cuando sometió su propuesta al juicio de los legisladores (en este caso, en septiembre del 2009), sino que contempla también el reformateo de esa iniciativa en el devenir del año, que resultó de las políticas resueltas por el Gobierno. Así, las mejoras en la Asignación Universal por Hijo o en las jubilaciones, por ejemplo, dispuestas durante el año, quedarían consagradas automáticamente, sin necesidad de que se las vote en ningún recinto.
No aprobar el proyecto de Presupuesto como un recurso para forzar un cambio en la propuesta oficial –tal como se especuló en algún momento en las filas opositoras– implicaría de hecho convalidar lo que hizo el Gobierno en el último ejercicio con los fondos públicos, al margen de lo avalado por el Congreso en las navidades pasadas.
Incluso si la Ley de Leyes fuera sancionada tan sólo en marzo del año que viene –con los cambios que anhelan los diputados y senadores más activos–, ya no sería posible cambiar lo que se resolvió en el primer trimestre del año, durante la prórroga automática.
Cada peso que la Nación recauda por encima de lo que se previó en el Presupuesto votado puede ser gastado al arbitrio de la Jefatura de Gabinete con el simple uso de un decreto de necesidad y urgencia. Práctica a la que se apeló en ejercicios anteriores y a la que se recurriría ahora.
La oposición se desespera por acotar ese margen de discrecionalidad y busca cómo impedir la presunta “trampa” de subestimar ingresos en la Ley de Leyes, evitando que se genere luego ese colchón de recursos extra que el Ejecutivo gasta sin permiso, más allá de cualquier juicio acerca de cómo asignó esos fondos, algo que ocurrió en los últimos ejercicios y se repetiría en el actual, gracias a una maniobra de Economía para presentar las proyecciones o a una buena performance económica, que sorprendió a los detractores del Gobierno: el presupuesto 2010 preveía un crecimiento del 2,5 y ya hay coincidencias en que superará el 8, alimentando la recaudación extra.
A menos que la oposición se abroquele para imponer cambios rápidamente, su afán de acotar las potestades del Ejecutivo podría llevarla a avalarlas de hecho.
Nos vemos,
Aportes de C. Candelaresi
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