Con relación a la discusión del 82% Aníbal Fernández dijo no hay forma de sostenerlo, mientras en la vereda opositora Claudio Lozano manifestó Vamos a dar quórum, pero si se vota un dictamen que no es serio no lo vamos a votar.
Y es lógico. Lo planteamos ayer, el debate deber ser mucho más amplio y serio.
Ajustar automáticamente la jubilación mínima al 82% del salario mínimo vital y móvil (SMVM) suscita una incógnita acerca de la viabilidad y sustentabilidad de la iniciativa. La Argentina cuenta con 6 millones de jubilados y pensionados. Hasta hace unos días, el 70% recibía un haber mínimo mensual de $895, el 60% del SMVM de ese momento, que ascendía a 1.500 pesos. De haberse implementado la iniciativa, el haber mínimo hubiera pasado a $1.230 (el 82% de ese SMVM). Sin embargo, la reciente aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria anunciada por el Gobierno estableció que a partir del 1° de septiembre los jubilados percibirán un aumento del 16,9%, lo cual llevará el haber mínimo a 1.046,50 pesos.
Sobre la base de los acuerdos alcanzados en las paritarias y luego de una corta y calmada negociación entre los actores involucrados, el Consejo del Salario aprobó un aumento que lleva al SMVM de los $1.500 actuales a un monto de $1.740 en agosto y a $1.840 en enero del 2011. Si la jubilación mínima conservara su valor actual de $1.046,5, pasaría a representar el 57% del SMVM en el 2011. Sin embargo, la Ley de Movilidad Jubilatoria impide realizar este tipo de estimaciones: las jubilaciones seguirán aumentando en función de los ingresos del sistema previsional argentino y de cómo evolucionen los salarios de los trabajadores. Los salarios, a su vez, también estarán influenciados por la evolución del SMVM.
Resulta, entonces, difícil arriesgar estimaciones. Tanto las jubilaciones como los salarios tienen hoy una dinámica muy distinta de la que tenían en el pasado, dinámica que complejiza el debate.
Es posible, sin embargo, señalar algunos hechos que afectan la dinámica del sistema previsional.
Sumados, el aporte personal y la contribución patronal equivalen al 27% del salario, con lo cual se necesitan al menos tres aportantes por cada beneficiario. Aquí la encrucijada en la gestión de una distribución intergeneracional justa y equitativa: el sistema previsional sostiene un gran número de beneficiarios con ingresos insuficientes, pero a la vez descansa cada vez menos sobre los ingresos específicos y necesita de los aportes provenientes de rentas generales. Es decir, la famosa “plata de los jubilados” no alcanza para que esos mismos jubilados vivan todo lo bien que deberían, y es por eso que el pago de jubilaciones se financia alrededor de un 30% con ingresos provenientes de impuestos que paga toda la población, como ser IVA y Ganancias.
Los principales fenómenos que explican esta contradicción son la alta informalidad laboral, la evasión impositiva, el desempleo y un fenómeno que muchas veces pasa inadvertido: el envejecimiento de la población. El envejecimiento es un tema central y novedoso que se presenta en la realidad social en formas heterogéneas. El envejecimiento demográfico es un proceso de cambio en la composición estructural de una población por el cual el peso relativo de los grupos etarios superiores (mayores de 65 años) supera el 7% de la población total en detrimento de los otros grupos. Las Naciones Unidas (1956) definieron operacionalmente al fenómeno según el porcentaje de personas de 65 años y más sobre el total de la población del área respectiva. De acuerdo con esta definición, son poblaciones jóvenes las de las jurisdicciones con menos del 4% de personas con 65 años y más, maduras las que tienen entre 4 y 6% y envejecidas las que superan el 7% de personas de esos grupos de edad.
El envejecimiento poblacional argentino varía según los estratos sociales y las regiones, como consecuencia de la desigual evolución de los factores demográficos: la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. En la actualidad en la Argentina el 10,4% de la población total tiene 65 años o más.
Por otro lado, en términos fiscales el gasto de seguridad social compone el mayor ítem del gasto primario del sector público nacional. En el 2009 las erogaciones para pagar jubilaciones y pensiones representaron aproximadamente el 40% del gasto total primario.
Estos factores requieren que el debate sobre del 82% móvil para la jubilación mínima se enmarque dentro de un debate más amplio, profundo y elaborado respecto de la sustentabilidad, tanto temporal como social, del sistema previsional argentino. La pregunta sobre si es sustentable el aumento del gasto primario que implica la iniciativa del 82% móvil no puede preceder a la necesidad del diseño de un programa fiscal de largo plazo, al de una reforma de la estructura tributaria en búsqueda de mayor progresividad y, más en general, a qué tipo de modelo económico y de país permite garantizar la seguridad social, no sólo de nuestros mayores, sino de todos los ciudadanos afectados por algún tipo de vulnerabilidad económica y social.
Nos vemos,
Contribución de: Andrea Pietrobuono
Y es lógico. Lo planteamos ayer, el debate deber ser mucho más amplio y serio.
Ajustar automáticamente la jubilación mínima al 82% del salario mínimo vital y móvil (SMVM) suscita una incógnita acerca de la viabilidad y sustentabilidad de la iniciativa. La Argentina cuenta con 6 millones de jubilados y pensionados. Hasta hace unos días, el 70% recibía un haber mínimo mensual de $895, el 60% del SMVM de ese momento, que ascendía a 1.500 pesos. De haberse implementado la iniciativa, el haber mínimo hubiera pasado a $1.230 (el 82% de ese SMVM). Sin embargo, la reciente aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria anunciada por el Gobierno estableció que a partir del 1° de septiembre los jubilados percibirán un aumento del 16,9%, lo cual llevará el haber mínimo a 1.046,50 pesos.
Sobre la base de los acuerdos alcanzados en las paritarias y luego de una corta y calmada negociación entre los actores involucrados, el Consejo del Salario aprobó un aumento que lleva al SMVM de los $1.500 actuales a un monto de $1.740 en agosto y a $1.840 en enero del 2011. Si la jubilación mínima conservara su valor actual de $1.046,5, pasaría a representar el 57% del SMVM en el 2011. Sin embargo, la Ley de Movilidad Jubilatoria impide realizar este tipo de estimaciones: las jubilaciones seguirán aumentando en función de los ingresos del sistema previsional argentino y de cómo evolucionen los salarios de los trabajadores. Los salarios, a su vez, también estarán influenciados por la evolución del SMVM.
Resulta, entonces, difícil arriesgar estimaciones. Tanto las jubilaciones como los salarios tienen hoy una dinámica muy distinta de la que tenían en el pasado, dinámica que complejiza el debate.
Es posible, sin embargo, señalar algunos hechos que afectan la dinámica del sistema previsional.
Sumados, el aporte personal y la contribución patronal equivalen al 27% del salario, con lo cual se necesitan al menos tres aportantes por cada beneficiario. Aquí la encrucijada en la gestión de una distribución intergeneracional justa y equitativa: el sistema previsional sostiene un gran número de beneficiarios con ingresos insuficientes, pero a la vez descansa cada vez menos sobre los ingresos específicos y necesita de los aportes provenientes de rentas generales. Es decir, la famosa “plata de los jubilados” no alcanza para que esos mismos jubilados vivan todo lo bien que deberían, y es por eso que el pago de jubilaciones se financia alrededor de un 30% con ingresos provenientes de impuestos que paga toda la población, como ser IVA y Ganancias.
Los principales fenómenos que explican esta contradicción son la alta informalidad laboral, la evasión impositiva, el desempleo y un fenómeno que muchas veces pasa inadvertido: el envejecimiento de la población. El envejecimiento es un tema central y novedoso que se presenta en la realidad social en formas heterogéneas. El envejecimiento demográfico es un proceso de cambio en la composición estructural de una población por el cual el peso relativo de los grupos etarios superiores (mayores de 65 años) supera el 7% de la población total en detrimento de los otros grupos. Las Naciones Unidas (1956) definieron operacionalmente al fenómeno según el porcentaje de personas de 65 años y más sobre el total de la población del área respectiva. De acuerdo con esta definición, son poblaciones jóvenes las de las jurisdicciones con menos del 4% de personas con 65 años y más, maduras las que tienen entre 4 y 6% y envejecidas las que superan el 7% de personas de esos grupos de edad.
El envejecimiento poblacional argentino varía según los estratos sociales y las regiones, como consecuencia de la desigual evolución de los factores demográficos: la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. En la actualidad en la Argentina el 10,4% de la población total tiene 65 años o más.
Por otro lado, en términos fiscales el gasto de seguridad social compone el mayor ítem del gasto primario del sector público nacional. En el 2009 las erogaciones para pagar jubilaciones y pensiones representaron aproximadamente el 40% del gasto total primario.
Estos factores requieren que el debate sobre del 82% móvil para la jubilación mínima se enmarque dentro de un debate más amplio, profundo y elaborado respecto de la sustentabilidad, tanto temporal como social, del sistema previsional argentino. La pregunta sobre si es sustentable el aumento del gasto primario que implica la iniciativa del 82% móvil no puede preceder a la necesidad del diseño de un programa fiscal de largo plazo, al de una reforma de la estructura tributaria en búsqueda de mayor progresividad y, más en general, a qué tipo de modelo económico y de país permite garantizar la seguridad social, no sólo de nuestros mayores, sino de todos los ciudadanos afectados por algún tipo de vulnerabilidad económica y social.
Nos vemos,
Contribución de: Andrea Pietrobuono
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