Coparticipación de impuestos: según como se mire

Más allá de los vaivenes que originó la irregular media sanción de reformas a la llamada ley de cheques, si hay un tema pendiente que arreglar, es el del sistema de coparticipación federal de impuestos. Es necesario generar un debate serio. La aplicación de políticas públicas desde 2003 es una especie de cuartel de bomberos voluntarios porque, en las provincias, sobretodo en aquellas que hubo emisión de cuasimonedas, equilibrar las acciones -y las cuentas, claro está- es muy difícil, como veremos.

La disputa en el Congreso por el impuesto al cheque volvió a instalar en la agenda política las dificultades que enfrentan las finanzas provinciales y, paralelamente, la necesidad de modificar el régimen de coparticipación federal. Las provincias tienen sus cuentas en rojo. Según datos oficiales, en 2003 generaban el 47% de sus ingresos totales. Y en 2008, el 42%. Como dijo un iluminado, los gastos del Estado suben por el ascensor y los recursos por la escalera.

El primer año de gestión kirchnerista, entre los 24 distritos recaudaron 42.652 millones de pesos frente a erogaciones por 41.023 millones. El año pasado, en cambio, tuvieron un déficit financiero de más de 10 mil millones de pesos: percibieron 162.977 millones frente a desembolsos por 173.487 millones. A esto se agrega que con la crisis de 2001, el Estado nacional se hizo cargo de las deudas de las provincias, que deben pagar año a año. Ese stock rondaba los 75.000 millones de pesos en 2004 y superó los 95.000 millones en 2008. La provincia que encabeza esa lista es Buenos Aires con casi $ 41.000 millones, seguida por Córdoba con $ 8.500 millones y Tucumán y Chaco con algo más de $ 4.000 millones cada una.

La debilidad de las arcas provinciales de hacer frente a sus erogaciones llevó a un aumento de los fondos provenientes del gobierno nacional. Después de la crisis de la convertibilidad, los recursos distribuidos pasaron de 13.306 millones de pesos en 2001 a 75.000 millones en 2009.

Sin embargo, en los últimos años, la coparticipación federal de impuestos perdió importancia relativa con respecto al total de gravámenes nacionales, que de 44.584 millones de pesos en 2001 subieron a más de 300.000 millones en 2009. Si bien el monto coparticipable cayó en términos comparativos, se crearon otros fondos. Las transferencias directas aumentaron su participación en el total, es decir que el monto distribuido se mantuvo casi inalterado.

El régimen de coparticipación se rige por la ley 23.548 de 1988, que modificó la Ley de Coparticipación Federal aprobada en 1973. Esa norma establecía: 1 - un sistema único para distribuir los impuestos nacionales coparticipados; 2 - asignar el total recaudado a la Nación y las provincias, por partes iguales y 3 - distribuir, en forma automática, el 48,5 por ciento de dicho monto entre las provincias: 65% por población, 25% por brecha de desarrollo y 10% por dispersión de población.

A diferencia de la ley del ’73, que incluía pautas de distribución objetivas, los criterios de la del ’88 surgen de la distribución efectiva concretada entre 1985 y 1987. En definitiva, de la capacidad de negociación que tenían por entonces los gobernadores, ya que la ley del ’88 se sancionó en un período crítico, con enormes problemas fiscales y sin análisis ni discusión suficientes. Los porcentajes de distribución fijados a cada provincia fueron bastante arbitrarios

El régimen de distribución definido en los ’70 se modificó bajo el gobierno de Alfonsín y también durante la década del noventa. Esas alteraciones perjudicaron a las provincias más grandes. Entre las que mayores ingresos perdieron se encuentran Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Córdoba y Santa Fe.

El impuesto a los créditos y débitos bancarios se coparticipa parcialmente, definido así desde su creación. En los hechos, la actual discusión alrededor del impuesto al cheque, mejorará la distribución de fondos en términos absolutos pero no en términos relativos. En 2009, ese tributo generó ingresos por más de 20.000 millones de pesos, pero su distribución representó el 4% de los fondos que llegaron a las provincias.

Su coparticipación plena significaría afirmar lo que se ve a diario, las provincias tienen una conducta facilista. Prefieren peregrinar a Buenos Aires a modificar sus propias bases tributarias. Coparticipar la totalidad del impuesto al cheque antes que duplicar el tributo a la propiedad tiene una consecuencia perversa: acentúa la regresividad del sistema y les quita autonomía fiscal y política.

Nos vemos


Fuente: CASH