La discusión sobre la ley de medios y el monopolio Clarín, y las recientes medidas del gobierno argentino de impedir la existencia de posiciones monopólicas vuelven a poner el problema de la concentración de la economía argentina en el centro del debate.
El impresionante proceso de concentración económica vivido en nuestro país durante los años noventa parece estar lejos de revertirse. El mismo avanza tanto por conductas legales como ilegales: cuando las grandes empresas no compran a las más pequeñas, las hacen quebrar a través de maniobras anticompetitivas para quedarse con la porción de sus mercados. El resultado es una estructura económica caracterizada por mercados fuertemente oligopolizados y/o cartelizados.
Los niveles de concentración de la economía argentina son alarmantes, particularmente en lo que refiere a los insumos básicos (cemento, petroquímica, siderurgia y aluminio). El poder de mercado de las empresas en estos sectores impide el desarrollo de las firmas que utilizan estos insumos para agregarles valor.
El mercado del cemento es controlado por cuatro empresas, y entre tres de ellas controlan el 96% de la producción: Loma Negra (49%), Cementos Minetti (32%) y Cementos Avellaneda (163%). En el sector petroquímico la producción de etileno (utilizado en la obtención de polímeros como el polietileno) está concentrada en un 96% en una sola firma (PBB Polisur), mientras que en la fabricación de tolueno (utilizado en combustibles y como solvente) existe una situación duopólica entre Petrobras (56%) y Repsol (44%). Dentro de la siderurgia la fabricación de chapa laminada en caliente es controlada en un 84% por Siderar, mientras que en la chapa laminada en frío la empresa brasileña controla el 99%. Finalmente, tenemos el caso extremo del aluminio, donde una sola empresa (Aluar) controla la totalidad del mercado.
Se tratan todos de insumos utilizados para fabricar casi todos los bienes, por lo que los dueños de estas pocas compañías son quienes determinan el precio y los niveles de abastecimiento existentes en la Argentina. Alguien podría argumentar que se trata de actividades que por su naturaleza deben ser monopólicas (u oligopólicas). Entonces, tal como lo señalara el diputado John William Cooke, si alguna forma de producción o explotación de servicios requiere intrínsecamente el monopolio, entonces deberá ser el Estado quien los controle.
No caben dudas de que la concentración económica es inherente al funcionamiento del sistema capitalista. Pero justamente es ahí en donde debe aparecer el Estado en su rol de articulador de los intereses del conjunto (o de la mayoría) de los ciudadanos de un país. También es frecuente escuchar justificaciones para los monopolios en los países de la periferia a partir de la necesidad de generar grandes empresas de capital nacional que puedan competir exitosamente en los mercados internacionales.
Pero, ¿no debería antes consolidarse un esquema de economía nacional basado en la expansión del mercado interno, donde las cadenas de valor de los productos que se consumen se encuentren integradas? La inserción internacional debería buscarse en una segunda instancia, una vez cubiertos los requerimientos del mercado local. El fomento de enclaves exportadores no integrados a las cadenas de valor domésticas, lejos de aportar al desarrollo del país, es probable que resulte en un aumento de las tasas de ganancias de las multinacionales exportadoras y el consecuente incremento en el drenaje de divisas hacia sus casas matrices.
Además, el problema de la concentración económica se suma a otro de igual magnitud: el incesante proceso de extranjerización de la economía argentina. Con más del 80% de la cúpula empresarial en manos transnacionales, el desinterés por el mercado interno es creciente y los salarios lejos de percibirse como demanda efectiva no son más que costos que deben reducirse para ganar en competitividad.
El resultado de la concentración económica es una enorme transferencia de ingresos desde los sectores asalariados y pymes hacia los grandes grupos económicos, nacionales y transnacionales. Las empresas que detentan posiciones dominantes incrementan los precios por encima del promedio, disminuyendo el poder de compra de los trabajadores. Un claro ejemplo es el del oligopolio de los supermercadistas, donde tres grupos (Carrefour, Cencosud y Coto) controlan a la mayoría de sus proveedores y fijan precios incrementando sus márgenes de ganancia.
Nuestro país cuenta con leyes que regulan las compras o fusiones de empresa, así como el abuso de posiciones dominantes. Resulta imprescindible que éstas se cumplan, haciendo más efectivo el accionar del Estado en lo que refiere a prevención y sanción de prácticas monopólicas que tienen efectos negativos evidentes, tanto para los consumidores finales como para los eslabones más débiles de las cadenas de valor.
Nos vemos,
Agustín Crivelli, BAE
El impresionante proceso de concentración económica vivido en nuestro país durante los años noventa parece estar lejos de revertirse. El mismo avanza tanto por conductas legales como ilegales: cuando las grandes empresas no compran a las más pequeñas, las hacen quebrar a través de maniobras anticompetitivas para quedarse con la porción de sus mercados. El resultado es una estructura económica caracterizada por mercados fuertemente oligopolizados y/o cartelizados.
Los niveles de concentración de la economía argentina son alarmantes, particularmente en lo que refiere a los insumos básicos (cemento, petroquímica, siderurgia y aluminio). El poder de mercado de las empresas en estos sectores impide el desarrollo de las firmas que utilizan estos insumos para agregarles valor.
El mercado del cemento es controlado por cuatro empresas, y entre tres de ellas controlan el 96% de la producción: Loma Negra (49%), Cementos Minetti (32%) y Cementos Avellaneda (163%). En el sector petroquímico la producción de etileno (utilizado en la obtención de polímeros como el polietileno) está concentrada en un 96% en una sola firma (PBB Polisur), mientras que en la fabricación de tolueno (utilizado en combustibles y como solvente) existe una situación duopólica entre Petrobras (56%) y Repsol (44%). Dentro de la siderurgia la fabricación de chapa laminada en caliente es controlada en un 84% por Siderar, mientras que en la chapa laminada en frío la empresa brasileña controla el 99%. Finalmente, tenemos el caso extremo del aluminio, donde una sola empresa (Aluar) controla la totalidad del mercado.
Se tratan todos de insumos utilizados para fabricar casi todos los bienes, por lo que los dueños de estas pocas compañías son quienes determinan el precio y los niveles de abastecimiento existentes en la Argentina. Alguien podría argumentar que se trata de actividades que por su naturaleza deben ser monopólicas (u oligopólicas). Entonces, tal como lo señalara el diputado John William Cooke, si alguna forma de producción o explotación de servicios requiere intrínsecamente el monopolio, entonces deberá ser el Estado quien los controle.
No caben dudas de que la concentración económica es inherente al funcionamiento del sistema capitalista. Pero justamente es ahí en donde debe aparecer el Estado en su rol de articulador de los intereses del conjunto (o de la mayoría) de los ciudadanos de un país. También es frecuente escuchar justificaciones para los monopolios en los países de la periferia a partir de la necesidad de generar grandes empresas de capital nacional que puedan competir exitosamente en los mercados internacionales.
Pero, ¿no debería antes consolidarse un esquema de economía nacional basado en la expansión del mercado interno, donde las cadenas de valor de los productos que se consumen se encuentren integradas? La inserción internacional debería buscarse en una segunda instancia, una vez cubiertos los requerimientos del mercado local. El fomento de enclaves exportadores no integrados a las cadenas de valor domésticas, lejos de aportar al desarrollo del país, es probable que resulte en un aumento de las tasas de ganancias de las multinacionales exportadoras y el consecuente incremento en el drenaje de divisas hacia sus casas matrices.
Además, el problema de la concentración económica se suma a otro de igual magnitud: el incesante proceso de extranjerización de la economía argentina. Con más del 80% de la cúpula empresarial en manos transnacionales, el desinterés por el mercado interno es creciente y los salarios lejos de percibirse como demanda efectiva no son más que costos que deben reducirse para ganar en competitividad.
El resultado de la concentración económica es una enorme transferencia de ingresos desde los sectores asalariados y pymes hacia los grandes grupos económicos, nacionales y transnacionales. Las empresas que detentan posiciones dominantes incrementan los precios por encima del promedio, disminuyendo el poder de compra de los trabajadores. Un claro ejemplo es el del oligopolio de los supermercadistas, donde tres grupos (Carrefour, Cencosud y Coto) controlan a la mayoría de sus proveedores y fijan precios incrementando sus márgenes de ganancia.
Nuestro país cuenta con leyes que regulan las compras o fusiones de empresa, así como el abuso de posiciones dominantes. Resulta imprescindible que éstas se cumplan, haciendo más efectivo el accionar del Estado en lo que refiere a prevención y sanción de prácticas monopólicas que tienen efectos negativos evidentes, tanto para los consumidores finales como para los eslabones más débiles de las cadenas de valor.
Nos vemos,
Agustín Crivelli, BAE
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